El Congreso debate las reglas del Codigo Fiscal para Crypto y no todos estan de acuerdo.

El Congreso debate las reglas del Codigo Fiscal para Crypto y no todos estan de acuerdo.

  • Zeltakan
  • Junio 10, 2026
  • 14 minutos

El 9 de junio de 2026, el Comité Completo de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes celebró una audiencia legislativa sobre la tributación de activos digitales, la más comprehensiva en la historia del Congreso americano sobre el tema. Siete proyectos de ley fueron presentados el día anterior, y cuatro testigos con perspectivas radicalmente distintas se sentaron frente a los congresistas para definir cómo debería verse el código tributario del siglo XXI para un mercado que hoy supera los $2 billones de dólares.

Lo que emergió no fue un consenso, fue un debate técnico de alta precisión que reveló exactamente dónde están las fracturas en la política fiscal crypto americana y qué concesiones necesitará hacer el Congreso antes de que cualquiera de estos proyectos llegue al pleno.

Los siete proyectos sobre la mesa.

Los proyectos presentados el 8 de junio establecen el marco sobre el que giró toda la audiencia:

El H.R. 9178. Less Tax Paperwork for Digital Asset Owners Act: elimina la carga tributaria sobre transacciones con stablecoins que mantienen paridad con el dólar y crea una exención de minimis para comisiones de red inferiores a $10, además de ofrecer una elección de contabilidad simplificada para activos ampliamente negociados.

El H.R. 9175. Tax Clarity for Mining and Staking Act codifica que las recompensas de minería y staking son ingresos gravables cuando se reciben, pero introduce una elección de diferimiento para recompensas pagadas en tokens recién acuñados, que no se gravarían hasta la venta.

El H.R. 9173. Charitable Deductions for Digital Asset Donations Act permite valorar donaciones de activos digitales ampliamente negociados usando precios de mercado, sin necesidad de una tasación profesional costosa.

El H.R. 9176. PAR Act extiende las reglas de préstamo de valores bajo la Sección 1058 a los activos digitales y crea un puerto seguro de trading para inversores extranjeros equivalente al que existe para valores y commodities tradicionales.

El H.R. 9172. Applying Existing Tax Anti-Abuse Rules extiende las reglas de wash sale y constructive sale a los activos digitales.

El H.R. 9174. Digital Assets Voluntary Disclosure Program Act crea un programa de divulgación voluntaria para contribuyentes con incumplimientos fiscales en crypto.

Y el borrador de discusión End Digital Assets Tax Shelters Act busca cerrar estructuras de evasión fiscal específicas en el espacio de activos digitales.

La voz de la industria: Fidelity y Coinbase.

Sarah Reilly, vicepresidenta y consejera tributaria senior de Fidelity Investments (la empresa con $7 billones en activos bajo gestión) presentó el caso más comprehensivo a favor de modernizar el código fiscal. Su argumento central es que la falta de claridad tiene consecuencias reales y medibles: socava la confianza de los contribuyentes, produce resultados inconsistentes, complica el cumplimiento para quienes no tienen acceso a asesores fiscales especializados, e incentiva el traslado de la innovación al extranjero.

Reilly aplaudió específicamente el proyecto de staking y minería, el tratamiento de stablecoins y las reglas de préstamo de activos digitales. Pero fue más allá, señaló que la legislación debería tratar uniformemente todas las recompensas de validación, no solo los tokens recién acuñados, porque distinguir entre tipos de recompensas es complejo e impracticable en la operatoria real. También recomendó ampliar las reglas de grantor trusts, las estructuras de partnerships y las RICs para acomodar el staking en fondos de inversión regulados, abriendo la puerta a que los ETFs de Bitcoin puedan participar en staking sin perder su estatus tributario.

Lawrence Zlatkin, vicepresidente de Impuestos de Coinbase, aportó la perspectiva operacional más directa. Con 25 años previos en GE, llegó con una frase que resumió su postura:

"En finanzas y derecho tributario, la claridad lo es todo."

Coinbase opera el mayor exchange americano de activos digitales y conoce mejor que nadie el impacto práctico de reglas ambiguas.

Zlatkin apoyó con entusiasmo el tratamiento de stablecoins como equivalentes de efectivo, describiendo la situación actual como absurda: los americanos están obligados a calcular ganancias de capital cada vez que usan una stablecoin para hacer una compra, aunque esa transacción no genere ninguna ganancia económica real.

"Los americanos no deberían verse obligados a entregar al gobierno un registro de vigilancia digital microscópico y detallado de sus compras privadas cotidianas simplemente porque utilizaron un riel de pago moderno."

Sobre el diferimiento del staking, Zlatkin fue igualmente enfático. Comparó la situación actual con un agricultor al que se le cobrara impuestos cuando el trigo brota del suelo, antes de cosecharlo.

"Apoyamos una elección formal para diferir las recompensas de validación hasta que los activos sean vendidos, alineando el código tributario con los productores de commodities tradicionales y proporcionando la certeza de largo plazo necesaria para mantener la infraestructura de validación aquí en Estados Unidos."

Pero Zlatkin también presentó cuatro peticiones adicionales que van más allá de los proyectos actuales. Primera: ampliar la exención de minimis a transacciones de compra con cualquier activo digital, no solo a las comisiones de red. Segunda: garantizar que el plazo de implementación de las reglas de wash sale de 18 a 24 meses aplique por igual a contribuyentes y brokers. Tercera: prohibir que el Tesoro adopte unilateralmente el marco CARF de la OCDE sin autorización legislativa explícita. Y cuarta (la más políticamente significativa) considerar legislación que impida a los estados gravar el uso de activos digitales en transacciones interestatales, citando específicamente Illinois como ejemplo del caos que puede generar la fragmentación fiscal estatal.

La voz de los usuarios: Coin Center.

Jason Somensatto, director de política de Coin Center, aportó la perspectiva más diferente, no habla por la industria sino por los usuarios individuales.

Somensatto comenzó con datos que enmarcan el problema: según la Encuesta de Bienestar Económico de la Reserva Federal de 2025, aproximadamente el 10% de los adultos americanos usó criptomonedas en el año anterior. Una encuesta de Kraken encontró que el 89% de los usuarios crypto reportaron confusión sobre al menos un aspecto de la tributación, y el 49% reportó dificultades al presentar sus declaraciones fiscales.

Su argumento central es de naturaleza filosófica antes que técnica: el sistema tributario nunca ha esperado realmente que los americanos ordinarios calculen ganancias de capital por cada pequeño intercambio de propiedad personal. Los niños de 12 años intercambian tarjetas de béisbol sin presentar formularios 1040. La gente vende alfombras en Facebook Marketplace sin calcular la base de costo. Crypto cambia las apuestas porque estas disposiciones de bajo valor pueden ocurrir con la frecuencia de pagos. Por lo tanto, el Congreso debería hacer explícito para Crypto lo que ya reconoció para las divisas extranjeras: cuando el impuesto en juego es mínimo y la carga de cumplimiento es sustancial, una regla de minimis bien diseñada mejora la administración tributaria en lugar de socavarla.

Sobre las recompensas de bloque de validación, Coin Center tiene una postura más radical que Coinbase o Fidelity: los tokens recién emitidos deberían tratarse como propiedad creada, no como ingreso recibido, y bajo la doctrina tributaria establecida, la propiedad nueva creada mediante el propio trabajo o capital no se grava cuando se crea, la tributación ocurre solo en la venta. El IRS ha tomado la posición contraria, y la semana anterior a la audiencia el Tribunal Fiscal la confirmó en el caso Paschall v. Commissioner.

Coin Center también expresó reservas sobre aplicar la wash sale rule al crypto en general, argumentando que aumentaría significativamente las cargas de cumplimiento mientras proporcionaría beneficios limitados de administración tributaria en el contexto de redes crypto.

La voz crítica: Tax Law Center de NYU.

Michael Kaercher, director adjunto del Tax Law Center de NYU, fue el contrapeso analítico de la audiencia. Ex funcionario de la Oficina del Consejero Principal del IRS y ex asesor del propio Comité de Medios y Arbitrios, llegó con una advertencia que nadie en la sala quería escuchar:

"El primer principio del mantenimiento de carreteras, no empeorar las carreteras."

Kaercher apoyó varios elementos del paquete, especialmente la extensión de las wash sale y constructive sale rules, la exención de stablecoins que rastrean el dólar, y la deducción de donaciones caritativas de activos digitales. Pero identificó el diferimiento del staking como la disposición más problemática de todo el paquete.

Su argumento es de tres partes. Primero, el diferimiento viola la paridad: los notarios públicos son gravados al recibir ingresos por validar la identidad de las partes en una transacción, exactamente la función que cumplen los validadores de blockchain. No hay razón de política para tratarlos diferente. El Tribunal Fiscal lo confirmó la semana pasada en Paschall v. Commissioner, en una opinión memorando, el formato reservado para casos donde el área del derecho se considera bien establecida.

Segundo, el diferimiento crea problemas de administrabilidad. En lugar de gravar recompensas inmediatamente basándose en valores conocidos y públicamente accesibles, la provisión requiere contabilizar por separado las recompensas entre tokens recién acuñados y activos preexistentes, y rastrear cuáles son elegibles para diferimiento hasta la disposición. Esto podría requerir décadas de seguimiento.

Tercero, y más importante, el diferimiento crea oportunidades de abuso que los redactores de la ley no cerraron completamente. Kaercher presentó un ejemplo ilustrativo devastador: constituir una sociedad que mantiene activos digitales y gana recompensas dentro de la entidad, nunca vender las recompensas diferidas, y cuando un socio muere, transferir el interés en la sociedad a un beneficiario. En su análisis inicial, el borrador actual permitiría transferir el interés en las recompensas digitales sin activar la inclusión tributaria, convirtiendo efectivamente un diferimiento en una eliminación permanente del ingreso gravable, con un tratamiento fiscal mejor que el que reciben incluso los planes de retiro tradicionales.

"La contracara de este subsidio es que el gobierno federal, y en última instancia los demás contribuyentes, están pagando la cuenta. Cuando el gobierno renuncia a la capacidad de recaudar impuestos actualmente, en favor de recaudarlos más tarde, debe endeudarse más hoy para cubrir sus necesidades de gasto."

Kaercher también alertó sobre algo que los proyectos no abordan: el riesgo de incumplimiento tributario en DeFi. Si los proyectos actuales no encuentran una forma de mejorar la transparencia y el cumplimiento para transacciones DeFi, el incumplimiento seguirá siendo alto y DeFi seguirá siendo una herramienta favorita para la evasión fiscal y las finanzas ilícitas.

Las tensiones que definirán el camino al pleno.

De la audiencia emergen tres tensiones fundamentales que el Congreso tendrá que resolver antes de que cualquiera de estos proyectos pueda avanzar:

La primera es el diferimiento del staking. La industria lo quiere (Coinbase y Fidelity lo respaldaron explícitamente). El Tax Law Center de NYU lo considera el error más grave del paquete. El Tribunal Fiscal acabó de confirmar que la ley actual ya grava las recompensas al recibirlas. El Congreso puede cambiar eso, pero hacerlo sin cerrar las estructuras de abuso que Kaercher identificó sería legislar un subsidio sin precedente para los validadores de blockchain.

La segunda es el alcance de la exención de minimis. Coinbase quiere expandirla a todas las transacciones de compra hasta $50-$100 o $600 anuales para cualquier activo digital. El Tax Law Center advierte que una exención más amplia favorecería las inversiones en activos digitales sobre acciones, bonos y otros instrumentos financieros tradicionales, violando el principio de paridad. El proyecto actual limita la exención a comisiones de red inferiores a $10 y esa limitación es deliberada.

La tercera es el CARF y la fragmentación internacional. Coinbase pidió explícitamente que el Congreso prohíba al Tesoro adoptar el marco CARF de la OCDE sin autorización legislativa, exactamente la posición contraria a la que defiende el Tax Law Center, que señaló que las regulaciones CARF llevan más de seis meses atascadas en revisión de OIRA, cuatro veces más del plazo objetivo de 45 días para regulaciones tributarias.

Por qué esta audiencia importa más allá del código fiscal.

El timing de esta audiencia no es accidental. Se produce exactamente cuando la CLARITY Act avanza en el Senado con cuestiones de ética sin resolver, cuando Trump firmó una orden ejecutiva para integrar el crypto en el sistema financiero americano, y cuando el mercado crypto americano enfrenta su momento regulatorio más denso en una década.

Lawrence Zlatkin lo articuló con precisión:

"Si la estructura de mercado proporciona las reglas de la carretera, la política fiscal determina si los emprendedores, desarrolladores, inversores e instituciones eligen construir, invertir e innovar aquí en casa."

Para el ecosistema crypto, la pregunta de cómo se gravan las recompensas de staking no es un detalle técnico de la legislación fiscal americana, es la pregunta que determina si las operaciones de validación de las principales redes blockchain permanecen en EE. UU. o se trasladan a jurisdicciones con marcos más favorables.

El Congreso tiene ahora los elementos sobre la mesa. Lo que viene es la negociación sobre cuál de estas visiones, la de la industria que quiere paridad y deferimiento, la de los usuarios que quieren simplificación y acceso, o la del académico independiente que quiere paridad sin subsidios, prevalece en el texto final.

Esa negociación acaba de comenzar.

Fuentes: Testimonios escritos de Sarah Reilly (Fidelity Investments), Lawrence Zlatkin (Coinbase), Jason Somensatto (Coin Center), Michael Kaercher (Tax Law Center at NYU Law) · Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara · Paschall v. Commissioner, T.C. Memo 2026-46 · 9 de junio de 2026