La CLARITY Act pasa el Comité Bancario del Senado: 15-9 en voto bipartidista

El 14 de mayo de 2026, el Comité Bancario del Senado aprobó la Digital Asset Market Clarity Act —la CLARITY Act— con un voto de 15-9, con los senadores demócratas Ruben Gallego (Arizona) y Angela Alsobrooks (Maryland) uniéndose a los 13 republicanos del panel. Es el paso regulatorio más significativo para el mercado cripto desde la aprobación del GENIUS Act en julio de 2025: la CLARITY Act es el marco de estructura de mercado que la industria lleva cuatro años esperando, y ahora avanza al pleno del Senado.

La ley define por primera vez en la historia de EE.UU. qué activos digitales son commodities y cuáles son valores —la distinción más importante del mercado cripto porque determina qué supervisor regula qué—. Divide la supervisión entre la SEC y la CFTC, establece requisitos de registro, divulgación y cumplimiento para exchanges, brokers y custodios, y fija un régimen para DeFi y stablecoins. La CLARITY Act había pasado ya la Cámara de Representantes en julio de 2025 con una mayoría bipartidista de 294-134. El voto del Comité Bancario es el obstáculo que llevaba cuatro meses bloqueado.

El presidente del comité, Tim Scott (R-SC), logró el voto en un último movimiento que incorporó enmiendas técnicas de Lummis que recibieron 18-19 votos, abriendo la puerta a un apoyo más amplio del que reflejó el marcador final. Gallego, uno de los dos demócratas que votaron sí, fue explícito sobre sus condiciones: «Mi voto hoy es un voto para seguir trabajando de buena fe. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer.» La cuestión de las restricciones de conflictos de interés para funcionarios del gobierno —el llamado «problema de ética» que rodea los negocios cripto de la familia Trump— sigue sin estar resuelta y tendrá que incorporarse al texto antes del voto en el pleno del Senado.

Qué cambia si la CLARITY Act se convierte en ley

La CLARITY Act resuelve el problema más costoso del mercado cripto americano de los últimos seis años: la falta de certeza regulatoria. Durante la era Gensler en la SEC (2021-2025), la estrategia del regulador fue «regulación por jucios» —tratar toda oferta de criptomonedas como una potencial emisión de valores no registrada hasta que un tribunal dijera lo contrario—. El resultado fue que ninguna empresa podía planificar con seguridad, los exchanges más grandes operaban con licencias ambiguas y el capital institucional evitaba el sector excepto en los productos que ya tenían claridad legal (básicamente, los ETF de Bitcoin y Ethereum).

Con la CLARITY Act en vigor, un activo digital que supere el umbral de descentralización suficiente pasa a ser supervisado por la CFTC como commodity —el mismo tratamiento que tiene Bitcoin hoy—. Un activo que no supere ese umbral sigue siendo un valor supervisado por la SEC. Los exchanges tendrán dos opciones claras de registro: como broker-dealer si operan valores digitales o como DCM/CFTC si operan commodities. Los custodios tendrán un régimen de capital y segregación de activos definido. Los protocolos DeFi con suficiente descentralización quedan fuera del perímetro regulado. Y las stablecoins, ya cubiertas por el GENIUS Act, quedan integradas en el marco general.

La CLARITY Act no es solo regulación: es la infraestructura que permite que el dinero institucional fluya hacia el sector sin restricciones de compliance. La SEC hoy tiene que analizar caso a caso si un activo es un valor antes de que cualquier institución pueda tocarlo. Con la CLARITY Act, esa análisis se convierte en un test objetivo y previsible. La consecuencia práctica: fondos que hoy no pueden tocar altcoins porque carecen de un marco legal aplicable podrán hacerlo con certeza jurídica. Es el mismo impacto que tuvo la aprobación de los ETF de Bitcoin spot en enero de 2024, pero para todo el mercado de activos digitales.

El camino desde aquí todavía tiene obstáculos. La CLARITY Act del comité bancario y la versión aprobada por el Comité de Agricultura del Senado en enero de 2026 tendrán que reconciliarse en un texto unificado antes del voto en pleno. Ese texto unificado necesitará 60 votos para superar el filibustero —significativamente más difícil que los 15 del comité—. Y la cuestión de las restricciones de ética para funcionarios, incluido el presidente Trump, tendrá que resolverse de alguna forma antes de que demócratas adicionales se sumen. La experiencia del GENIUS Act —aprobado con 68 votos en el Senado después de meses de negociación— sugiere que un acuerdo es posible, pero no inmediato. El calendario más optimista sitúa la firma presidencial en el cuarto trimestre de 2026.

ARMA: el BITCOIN Act versión 2.0 que quiere convertir la reserva ejecutiva en ley permanente

El 21 de mayo de 2026, el congresista Nick Begich (R-Alaska) presentó junto a su co-líder Jared Golden (D-Maine) el American Reserve Modernization Act of 2026 —ARMA—, una legislación bipartidista con 18 co-patrocinadores originales que busca codificar permanentemente en ley federal la Reserva Estratégica de Bitcoin. El objetivo: que lo que Trump hizo por orden ejecutiva en marzo de 2025 no pueda ser deshecho por el siguiente presidente con otra orden ejecutiva. Como dijo Begich con precisión: «lo que un presidente puede hacer en cuatro años, el Congreso puede hacerlo permanente.»

Patrick Witt, del Consejo de Asesores Presidenciales para Activos Digitales, describió ARMA como la «versión 2» del BITCOIN Act, y confirmó que la Casa Blanca lleva meses examinando las implicaciones legales de una reserva de Bitcoin. El rebranding no es cosmético: el nombre «American Reserve Modernization Act» fue elegido deliberadamente porque el nombre original —BITCOIN Act— generaba confusión entre legisladores que no entendían el concepto de una reserva de activos digitales. El nuevo nombre suena a lo que ya existe: modernización de reservas, como las de oro o petróleo.

Las diferencias clave entre el BITCOIN Act y ARMA

El BITCOIN Act of 2025, introducido por Begich y la senadora Cynthia Lummis en marzo de 2025, fue el primer intento legislativo de codificar la acumulación de Bitcoin a escala federal. En su versión de marzo de 2025, el proyecto requería que el Departamento del Tesoro adquiriera 1 millón de BTC a lo largo de cinco años, financiado mediante una revalorización de los certificados de oro del Banco de la Reserva Federal —cuyos balances siguen registrados al precio fijado en 1973 de 42,22 dólares por onza troy, muy por debajo del valor de mercado actual de más de 4.000 dólares—. El arbitraje contable generaría cientos de miles de millones en ganancias en papel sin emitir nueva deuda. El BITCOIN Act no llegó a prosperar: quedó estancado en el Comité Bancario del Senado sin avanzar a votación de pleno.

ARMA incorpora el mismo mecanismo de financiación por revalorización de oro —la palanca "budget-neutral" que permite acumular Bitcoin sin nuevas apropiaciones del Congreso ni aumento del déficit— y mantiene el objetivo de 1 millón de BTC, pero introduce cuatro diferencias sustanciales respecto a su predecesor.

El alcance político. El BITCOIN Act era una legislación de partido republicano, con Lummis y co-patrocinadores del GOP. ARMA tiene a Jared Golden —demócrata de Maine, distrito conservador, conocido por votar con independencia de la línea del partido— como co-líder. Es el primer proyecto legislativo de reserva Bitcoin que nace con estructura bipartidista desde el primer día, lo que amplía notablemente la coalición de posibles votos en el Senado.

La permanencia y el período de tenencia mínimo. Tanto el BITCOIN Act como ARMA exigen que el Bitcoin adquirido se mantenga durante al menos 20 años, y que la única venta autorizada sea para reducir la deuda nacional, que cruzó los 39 billones de dólares esta semana. Pero ARMA añade una capa adicional: consolida toda la custodia y gestión de activos digitales dispersos en diferentes agencias federales bajo el Tesoro, con reportes de proof-of-reserve trimestrales y auditorías de terceros independientes. Es el inventario federal de Bitcoin que la Orden Ejecutiva de Trump creó como acto administrativo, elevado a mandato legal con estándar de transparencia pública.

La separación Bitcoin/altcoins. ARMA crea explícitamente dos fondos distintos: la Reserva Estratégica de Bitcoin —solo BTC, en custodia en frío, sin posibilidad de gestión activa— y un Digital Asset Stockpile separado para los demás activos digitales que el gobierno federal haya adquirido por confiscación. Esta separación es la respuesta directa a la crítica de que la orden ejecutiva de Trump mezclaba Bitcoin con otros criptoactivos. ARMA codifica en ley lo que el mercado Bitcoin lleva años argumentando: Bitcoin es cualitativamente distinto de otros activos digitales.

La velocidad de adquisición. El BITCOIN Act original autorizaba la compra de hasta 200.000 BTC anuales durante cinco años. ARMA mantiene ese ritmo pero añade la posibilidad de adquisición acelerada si el precio cae por debajo de ciertos umbrales, un mecanismo de compra oportunista que no existía en la versión de 2025 y que está diseñado para evitar que el gobierno compre solo cuando el mercado esté caro.

Diferencia de precio certificados de oro: el arbitraje generaría $700B+ en ganancias en papel sin nueva deuda

La pregunta más frecuente sobre ARMA es si tiene posibilidades reales de prosperar. La respuesta honesta es: más que el BITCOIN Act, pero todavía con obstáculos considerables en el Senado. El marco bipartidista de Begich-Golden es el cambio más relevante, porque en el Senado los proyectos de ley necesitan 60 votos para superarlo. El GENIUS Act lo logró con 68 votos. La CLARITY Act, como ya lo vimos, pasó el comité con 15-9. ARMA no tiene aún un sponsor en el Senado confirmado para acompañar a Lummis, y el callejón de la ética presidencial cripto que está frenando la CLARITY Act también afectaría a ARMA.

Lo que ARMA establece con independencia de su suerte legislativa inmediata es una posición política: la reserva de Bitcoin de EE.UU. ya no es un experimento del ejecutivo sino una propuesta bipartidista con más de una docena de co-patrocinadores en la Cámara. El representante Pat Harrigan (co-patrocinador) lo formuló con precisión quirúrgica: «El gobierno de los Estados Unidos ya tiene miles de millones en Bitcoin confiscado sin ninguna estrategia coherente para gestionarlo, y eso tiene que cambiar.» Esa frase sola ya es legislación: el Congreso está reconociendo que el activo existe en el balance federal y que necesita un marco.

Carolina del Sur firma S.163: la ley de derechos Bitcoin más completa de EE.UU

El 19 de mayo de 2026, el gobernador Henry McMaster firmó el proyecto de ley S.163, convirtiéndolo en ley con una de las votaciones más contundentes que ha visto cualquier legislación cripto a nivel estatal: 38-1 en el Senado y 110-1 en la Cámara. Diecisiete meses de proceso legislativo —presentado en enero de 2025, aprobado por el Senado en mayo de 2025, reconciliado con enmiendas de la Cámara en abril de 2026— culminaron en la ley que añade un capítulo completamente nuevo al Código de Leyes de Carolina del Sur bajo el Título 34, su código de instituciones financieras.

La ley S.163, patrocinada por los senadores estatales Daniel Verdin y Matthew Leber, establece un marco de cuatro pilares que la convierte en la más amplia del país en cuanto a derechos Bitcoin a nivel estatal.

Los cuatro pilares de S.163

Primer pilar — autocustodia como derecho: ninguna persona física o jurídica podrá ser prohibida de aceptar activos digitales como pago por bienes y servicios legales, ni de usar wallets de hardware o wallets autoalojadas para mantener la custodia de sus activos. Es la primera vez que Carolina del Sur codifica explícitamente que usar una cold wallet es un derecho legal protegido, no una actividad que requiere licencia de transmisión de dinero. Las wallets son tuyas, las claves son tuyas, y ninguna agencia estatal o local puede exigirte que uses un custodio intermediario.

Segundo pilar — neutralidad fiscal: el estado y los gobiernos locales quedan prohibidos de imponer cualquier impuesto, retención, tasa o cargo adicional sobre transacciones realizadas en activos digitales solo por el hecho de haber usado un activo digital como medio de pago en lugar de dólares. Si compras algo con Bitcoin, pagas exactamente los mismos impuestos sobre la transacción que si lo hubieras pagado en efectivo. La discriminación fiscal sobre Bitcoin queda expresamente ilegal en todo el estado.

Tercer pilar — protección de la prueba de trabajo: los gobiernos locales no podrán imponer restricciones de zonificación o ruido sobre instalaciones de minería de Bitcoin en zonas industriales que no se apliquen igualmente a otras empresas en el mismo polígono. Es la respuesta legislativa directa a la oleada de ordenanzas municipales de los últimos tres años que habían usado el ruido, el consumo eléctrico o la zonificación como herramienta para expulsar instalaciones mineras. Además, las operaciones de minería, los operadores de nodos y los desarrolladores de software en blockchain quedan explícitamente exentos de los requisitos de licencia de transmisión de dinero.

Cuarto pilar — prohibición de CBDC: ningún organismo, consejo, comisión, departamento o subdivisión política del estado puede aceptar o exigir pagos en moneda digital de banco central (CBDC), ni participar en ningún programa piloto o de prueba de una moneda similar emitida por la Reserva Federal. Es la primera prohibición explícita de CBDC en el código de ley de Carolina del Sur, en un contexto en que la Fed todavía no ha lanzado un CBDC federal pero donde varios estados quieren establecer precedentes legales preventivos.

La combinación de los cuatro pilares convierte a S.163 en un modelo de legislación estatal Bitcoin que otros estados empezarán a replicar. Ninguna ley estatal anterior había combinado en un solo texto la protección de autocustodia, la neutralidad fiscal, la protección de la prueba de trabajo y la prohibición de CBDC. Es, en la práctica, una declaración de derechos Bitcoin a nivel estatal: el reconocimiento de que Bitcoin es una forma legítima de propiedad, de que la prueba de trabajo es una actividad económica legítima y de que el estado no debería tener poder para emitir o imponer su propia moneda digital como alternativa. Todo ello con una votación casi unánime que refleja que en Carolina del Sur este no fue un debate de partido.

Artículo de información y análisis regulatorio. No constituye asesoramiento financiero.

Fuentes: Benzinga · CoinDesk · Cryptopolitan · Begich House Press Release (21 may. 2026) · ZeroHedge · 99Bitcoins · GovTrack (S.954 BITCOIN Act 2025) · Congress.gov · Lummis.senate.gov · Bitbo · CryptoTimes · The Block · CNBC · Finance Magnates · Blockworks ·