El Tesoro de los Estados Unidos se queda sin su principal arquitecto de política de activos digitales en el peor momento posible: cuando la ley que debía darle forma legal a esa política lleva semanas sin lograr una votación.

Tyler Williams, consejero del secretario del Tesoro Scott Bessent y uno de los funcionarios más influyentes en el diseño de la agenda cripto de la administración Trump, dejó su cargo el 31 de julio. La confirmación llegó a través de una declaración de Bessent recogida por Punchbowl News, en la que el secretario calificó la contribución de Williams como clave para el objetivo de convertir a Estados Unidos en la capital cripto del mundo. Ni el Tesoro ni Williams han precisado cuál será su próximo destino, más allá de indicar que regresa al sector privado.

Un puente entre Wall Street, el Congreso y la Casa Blanca.

Williams llegó al Tesoro en febrero de 2025 como consejero de Bessent, tras haber sido jefe global de políticas en Galaxy Digital y dirigir su propia consultora para firmas financieras. Antes de eso había servido durante el primer gobierno de Trump como subsecretario adjunto de Política de Instituciones Financieras y había trabajado como asesor bancario del senador Thom Tillis. Esa combinación de experiencia en el sector privado, el Congreso y el Ejecutivo lo convirtió en uno de los principales enlaces entre la administración, los reguladores financieros y la industria de los activos digitales.

Más allá de su cargo, Williams se consolidó como una de las principales voces técnicas del Tesoro en materia de activos digitales. Su labor no se limitaba a asesorar al secretario Scott Bessent, sino también a coordinar posiciones entre distintas agencias federales como la SEC, la CFTC, FinCEN, el IRS y los reguladores bancarios, para avanzar hacia un marco regulatorio más coherente. En una etapa en la que la administración buscaba sustituir la regulación basada principalmente en acciones de cumplimiento por reglas aprobadas por el Congreso, Williams desempeñó un papel clave como interlocutor entre la Casa Blanca, el Capitolio y la industria.

Durante su paso por el Tesoro se le atribuye haber colaborado en la elaboración del informe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Mercados de Activos Digitales, que propuso clarificar el reparto de competencias entre la SEC, la CFTC, el IRS y otras agencias en materias como estructura de mercado, stablecoins, fiscalidad y ciberseguridad. En abril también representó al Tesoro en el lanzamiento de una iniciativa de intercambio de inteligencia sobre amenazas cibernéticas dirigida a empresas del sector de los activos digitales.

Su salida llega en un momento especialmente sensible. Aunque la estrategia de la administración respecto a los activos digitales no depende de una sola persona, Williams era uno de los pocos funcionarios que reunía experiencia en Wall Street, conocimiento del proceso legislativo y una red consolidada de relaciones dentro del Tesoro, el Congreso y la industria. Con CLARITY todavía pendiente de una votación clave y la implementación de la Ley GENIUS en marcha, la ausencia de un sucesor deja al Departamento del Tesoro sin uno de sus principales coordinadores técnicos precisamente cuando las negociaciones regulatorias atraviesan una de sus fases más delicadas.

Una ley que se queda sin calendario.

La salida de Williams no altera formalmente el estatus de la Ley CLARITY, pero deja al Tesoro sin uno de sus interlocutores más activos justo cuando el proyecto necesita empuje político. El Comité Bancario del Senado la había aprobado en mayo por 15 votos a 9, y el 22 de julio la senadora Cynthia Lummis presentó un texto combinado con el Comité de Agricultura: 616 páginas, 104 secciones y cuatro divisiones, según Galaxy Research.

Pese a ese avance, la legislación sigue sin una fecha de votación de procedimiento. El líder de la mayoría, John Thune, ha priorizado otros asuntos (un paquete de nominaciones y, sobre todo, sanciones a Rusia) y las normas del Senado solo permiten debatir un proyecto de ley a la vez. El paquete de sanciones, que ahora lleva el nombre del fallecido senador Lindsey Graham, ocupó buena parte de la agenda de la cámara en las últimas semanas, apretando aún más una ventana ya de por sí estrecha antes del receso de agosto, previsto a partir del día 10. Si el Senado no actúa antes de esa fecha, la siguiente oportunidad real no llegaría hasta septiembre.

El nudo ético que nadie quiere ceder.

El obstáculo de fondo sigue siendo la disposición, impulsada por demócratas, que restringiría los vínculos de altos funcionarios (incluido el propio presidente) con la industria cripto. Los senadores Tillis y Ruben Gallego habrían presentado a la Casa Blanca una contrapropuesta bipartidista que daría a los fiscales generales estatales una vía para actuar si el Departamento de Justicia no hace cumplir esas restricciones, aunque la Casa Blanca no la ha aceptado públicamente. Bessent, por su parte, ha seguido presionando por una votación inmediata y defendiendo la protección que el texto otorga a los desarrolladores de software blockchain no custodio.

CLARITY necesita 60 votos para superar el filibusterismo (táctica parlamentaria que permite a un grupo de senadores retrasar o bloquear la votación de un proyecto de ley), y hasta ahora solo los demócratas Gallego y Angela Alsobrooks respaldan la propuesta original. Grupos progresistas como Indivisible y Demand Progress han presionado a otros senadores demócratas (entre ellos Kirsten Gillibrand, que negocia un posible acuerdo) para que no cedan, en un debate que también involucra al súper PAC Fairshake y sus más de 125 millones de dólares en fondos.

El otro punto muerto: el rendimiento de las stablecoins.

Fuera del capítulo ético, el retraso también deja congelado un acuerdo negociado durante meses entre bancos y emisores de stablecoins. Según un análisis de Galaxy, el texto actual impediría que las stablecoins paguen rendimientos por el simple hecho de mantenerlas, aunque sí permitiría recompensar a los usuarios por participar en ciertas actividades que no equivalen a intereses sobre depósitos. El Bank Policy Institute insiste en que los emisores que cumplen funciones similares a las bancarias deberían someterse a exigencias regulatorias comparables. Mientras la votación no llegue, ese equilibrio no tiene fuerza de ley.

Lo que dicen los analistas.

Alex Thorn, jefe de investigación de Galaxy, advirtió que la ventana legislativa se reduce con rapidez a solo unas semanas, dado que al texto combinado aún le faltan una moción de procedimiento, el debate en el pleno, el proceso de enmiendas y, después, el trámite en la Cámara de Representantes; con todo, sigue viendo probabilidades cercanas al 30% de que la ley se apruebe este año. Analistas de Bernstein fueron más directos y señalaron que una nueva demora podría presionar a la baja las valoraciones de los activos digitales al prolongar la incertidumbre regulatoria. El CEO de Circle, Jeremy Allaire, sostiene que la adopción institucional seguirá en pausa hasta que el Congreso ofrezca certeza normativa.

Si CLARITY no avanza antes del receso, la industria seguirá apoyándose, por ahora, en la implementación de la Ley GENIUS y en las reglas que vayan publicando la SEC y la CFTC por su cuenta.

Fuente: Cointelegraph, Crypto.news, Cryptopolitan.